En su discurso, el profesor Tiziano Treu, presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, analiza la relación entre el derecho del trabajo y el desarrollo sostenible.
DERECHO DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
1. Derecho del trabajo y desarrollo: una relación compleja
En los últimos años, el derecho del trabajo y las relaciones laborales se encuentran bajo la presión de varios factores adversos: por un lado las tecnologías que destruyen los puestos de trabajo y la competencia mundial, y por el otro, la instabilidad política y las políticas liberalizadoras. La crisis económica, que ha golpeado a varios países desarrollados y en desarrollo, ha acentuado el impacto negativo de estos factores en la economía real y en el mercado de trabajo. El incremento del desempleo es la prueba más dramática de ello.
Se acusa a la legislación protectora tradicional de ser incapaz de hacer frente a los actuales retos económicos, e incluso de representar un obstáculo a la innovación y al desarrollo.
Sin duda, gran parte de las características históricas del derecho del trabajo y de las políticas sociales deben ser redefinidas para poder enfrentar los problemas planteados por el nuevo contexto económico y social. En mi presentación haré hincapié en la necesidad de una importante reorientación del enfoque de nuestra disciplina.
Tradicionalmente, el derecho del trabajo estaba relacionado con la protección de los trabajadores y la distribución de los ingresos, basándose en el supuesto de que el crecimiento era un mecanismo autosuficiente que seguía una línea de desarrollo lineal. Tal presunción ha sido desmentida por las crisis recurrentes que han alterado el otrora escenario político estable, ya sea en los países desarrollados como en aquellos en desarrollo.
Para que el derecho del trabajo y las políticas laborales sean efectivos y responsables para sus partes interesadas, deben compartir con otras medidas políticas la preocupación por el crecimiento. Más específicamente, deben comprobar que pueden contribuir a la sostenibilidad del desarrollo y al bienestar humano.
La medida en la que las normas en materia de empleo y los regímenes de las relaciones laborales influyen en el crecimiento, las inversiones y la creación de puestos de trabajo, han sido objeto de una extensa investigación, aunque con resultados convergentes limitados. Se expusieron temas convincentes para demostrar que la relación entre la normativa laboral y el desarrollo es particularmente compleja. Ella depende de numerosas variables: más importantes son la situación económica y social general de un sistema nacional dado, su etapa de crecimiento y su modelo de desarrollo, las políticas públicas adoptadas en los últimos años, las estrategias de las partes sociales. La influencia de la ley es sólo un factor que contribuye, y depende del tipo y contenido de la regulación laboral. Los tipos de legislación se diversificaron considerablemente, incluso en el sistema jurídico tradicionalmente centrado en la rígida legislación obligatoria. Se adoptaron distintos tipos de legislaciones reflexivas y flexibles para responder mejor a las complejas cuestiones económicas y sociales y dejar margen a una aplicación flexible por parte de los actores públicos y privados. A ese mismo fin, la práctica de la legislación negociada ha sido ampliamente utilizada bajo distintas formas, a menudo innovadoras con respecto a la concertación tripartita desarrollada en Europa durante la década de 1970 y 1980.
Teniendo también en cuenta estos cambios en la regulación de las posiciones de muchos expertos y de las organizaciones internacionales se han modificado en los últimos años .
La OCDE y el Banco Mundial cuyos juicios fueron particularmente negativo sobre el impacto. De las leyes protectoras del trabajo en el desarrollo, han desplazado a una más matices 'posición e incluso reconocido que "regulación de empleo son, sin duda, necesaria no sólo para proteger a los trabajadores. Y para el buen funcionamiento de los mercados de trabajo, sino también para aumentar la estabilidad y la productividad a través de la participación de los empleadores de trabajadores diversos aspectos del trabajo hay legislación sobre el bienestar será importante para determinar el impacto positivo de la legislación laboral y las relaciones laborales en el desarrollo; ejemplos se presentan a continuación.
El desarrollo en sí mismo no constituye un proceso uniforme basado sobre modelos estándar. La experiencia histórica, cuando no se encuentra empañada por la ideología, confirma que a pesar de que los sistemas nacionales enfrentan problemas y dificultades en común, las distintas maneras en que responden pueden diferir considerablemente de un país a otro.
2. Desarrollo sostenible y humano
A su vez, los objetivos y el concepto mismo de desarrollo están siendo sometidos a un proceso de revisión con miras a incluir no solo los indicadores económicos (el PIB en primer lugar), sino también a una amplia serie de objetivos y bienes inmateriales, esenciales para la calidad de vida y asociados al concepto de desarrollo humano. Basándose en este concepto, el rendimiento de los sistemas nacionales debería ser evaluado no solo sobre la base de los parámetros tradicionales, menos aún sobre la base de una acumulación financiera a breve plazo, sino teniendo en cuenta a los indicadores sociales y de bienestar como la salud de la población, la esperanza de vida, la difusión de la educación y la cultura, el nivel de igualdad, la seguridad pública y privada, la tasa de empleo, la participación política y social, la calidad de los servicios, etc.
Algunos de estos parámetros han sido elaborados por varias organizaciones y grupos de investigación internacionales (J. Stiglietr; A. Sen; J.P. Fitoussi, 2009); pero siguen encontrando un amplia resistencia o escepticismo entre los formuladores de políticas (y a veces, la opinión pública). Sin embargo, esta perspectiva representa una gran oportunidad para el derecho del trabajo y la política social dado que nuestra disciplina tiene ante sí el reto de reconciliar el crecimiento económico y lograr que sea compatible con el desarrollo humano en el sentido amplio previsto por esas organizaciones. De hecho, esta es la principal orientación y fuente de inspiración que debería guiar el examen del derecho del trabajo y las políticas sociales. Nuestra disciplina tiene la plena titularidad para contribuir a una nueva dirección de crecimiento y desarrollo por el simple hecho de que el trabajo decente es una condición esencial para (promover) el crecimiento sostenible.
El conjunto de medidas innovadoras que podrían contribuir al desarrollo sostenible abarcan varios ámbitos que van más allá de la esfera tradicional de nuestra disciplina y de hecho, de la normativa legal. Ellas atañen a todas las políticas públicas necesarias para crear un entorno económico y social más inclusivo, propicio para el desarrollo sostenible y el crecimiento generador de empleo. Estas políticas son de amplio alcance, e incluyen entre otras cosas, las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar servicios de calidad e infraestructura y difundir la educación; la investigación innovadora y un entorno empresarial dinámico, condiciones financieras propicias para inversiones a largo plazo, etc. Asimismo, con miras a mantener cierta coherencia con estos objetivos, todas las decisiones económicas de importancia, no solo a nivel nacional sino también a nivel supranacional, deberían tener en cuenta su impacto en las condiciones sociales y de bienestar de las personas implicadas.
En el Tratado Europeo de Lisboa de 2009 (art.9) se aplicó un enfoque similar, en el cual se prevé que todas las decisiones económicas importantes, tanto a nivel nacional como internacional, deben tener en cuenta su impacto en el bienestar social e individual. Se trata de un importante enfoque político cuya aplicación está enfrentando varios obstáculos en la actual formulación de políticas a nivel nacional y europeo, pero se trata de una prueba decisiva para la verdad del modelo social europeo.
Esta visión da lugar a repercusiones en varios aspectos, en particular los de carácter técnico y político de nuestra disciplina. Permítanme señalar algunos ámbitos en los cuales es necesario realizar un examen del enfoque tradicional para poder promover la formulación de políticas innovadoras en las cuestiones de empleo y de seguridad social. Se trata da una lista provisional, que debe enriquecerse a través de la investigación común. Como hemos podido notar a lo largo de los últimos años, nuestra sociedad internacional y sus miembros están comprometidos con esta actividad de investigación. De hecho, en el congreso de Ciudad del Cabo se lanzaron siete grupos de investigación para tal fin.
3. El futuro de la legislación protectora: más selectiva y esencial
El primer ámbito está relacionado con el núcleo del derecho del trabajo tradicional, es decir, la legislación protectora. La rigidez de este tipo de legislación es el aspecto más controvertido a la que se acusa de desalentar la inversión y la innovación.
Las pruebas que sirven de apoyo a esta visión distan mucho de ser concluyentes y tampoco existe amplia evidencia de una «carrera hacia el abismo» en la legislación laboral en el mundo destinada a corregir la rigidez de la legislación laboral tradicional (A. Verma, 2016). Del mismo modo los datos no confirman la supuesta "erosión" de la relación de trabajo a largo plazo, que sigue siendo la norma en la mayoría de los países (pero el promedio de antigüedad de empleo está disminuyendo en particular para los trabajadores más jóvenes.
Las tendencias normativas no difieren sustancialmente, son más bien convergentes entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo. El Banco Mundial clasificó a sus posiciones anteriores sobre la repercusión económica de las normas del derecho del trabajo. (Banco Mundial 2014, 2015) y comprobó la necesidad de algún tipo de legislación laboral como respuesta a las fallas e imperfecciones inherentes al funcionamiento del mercado de trabajo. Además, estudios recientes como aquellos presentados por S. Deakin en Ciudad del Cabo, confirman que las leyes de protección del empleo tienen a menudo como efecto incentivar a los empleadores a invertir en las tecnologías que incrementan la productividad. (S. Deakin, 2016).
Por otro lado, las características cambiantes del empleo informal y de los contratos de trabajo estándar pueden llevar a exigir nuevos tipos de normativas flexibles. Las decisiones jurídicas y colectivas están implicadas en esta búsqueda y han seguido distintas trayectorias, en ausencia de una auténtica desregulación.
El principal ámbito de innovación en varios países ha sido la distinción de algunos aspectos y tipos de legislación según las distintas posiciones y necesidades de los empleados para poder captar formas de trabajo atípicas, o en términos de la OIT, para «formalizar lo informal». El trato de las formas de trabajo atípicas podría mejorarse a través de una aplicación selectiva de algunas normas básicas.
El enfoque político frente este problema difiere de un país a otro, pero los buenos ejemplos tienen en común el objetivo de mitigar el dualismo del mercado de trabajo.
En algunos países esta visión ha dado lugar a un nuevo enfoque normativo, más simple, mejor orientado y más flexible.
Una legislación más selectiva y simplificada, tal vez más aceptable para los empresarios, porque no hay pruebas de que los inversores, evitando al mismo tiempo sobre la regulación, buscan nivel razonable de regulación puede ambién, puede, también, resultar útil para reducir el número de normas de detalle que están sobrecargando varios sistemas legales y para incrementar la importancia de las normas básicas, tanto a nivel nacional como internacional. Conforme a la OIT, dichas normas deben adaptarse a la situación económica de los distintos países, pero su núcleo esencial debe respetarse universalmente. El compromiso de garantizar su eficacia constituye la principal contribución del sistema jurídico al trabajo decente, a la igualdad y a la cohesión social.
Resulta un objetivo particularmente difícil de lograr el hecho de abarcar un amplio número de empleados que trabajan en las áreas grises del mercado de trabajo, no solo en los países en desarrollo, y que se encuentran bajo condiciones de trabajo completamente irregulares o ilegales. Dicha tarea no puede llevarse a cabo recurriendo únicamente a los inspectores del trabajo, pero la modificación de las condiciones económicas y sociales que están en el origen de los altos niveles de empleo informal. Esto implica la adopción de políticas públicas dirigidas, por un lado en la prestación de mejores ingresos y la seguridad de los grupos de trabajo en la economía informal (tanto por cuenta propia y los trabajadores dependientes), por otra parte, a facilitar la integración de estos trabajadores en el empleo formal a través de diversos medidas: programas públicos de empleo, actividades de formación, las reducciones de impuestos para las empresas informales, etc.
En varios países se introdujeron incentivos financieros destinados a promover la salida gradual del mercado de trabajo sumergido, obteniendo sin embargo resultados dispares. Probablemente la única manera de legalizar estos sectores del mercado de trabajo es a través de la intervención convergente y duradera de las instituciones y de los actores sociales dirigida a promover la cultura y el ejercicio de la legalidad. Dicha intervención debe contar con el apoyo de políticas económicas capaces de crear ecosistemas locales y sectoriales en pro del desarrollo estable.
4. Flexibilidad: regulada y a favor de las competencias
La flexibilidad es otro ámbito controvertido en el cual el derecho del trabajo y las relaciones laborales deben adaptar sus instrumentos tradicionales para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas, manteniendo al mismo tiempo su cometido de garantizar el respeto de los trabajadores y promover el trabajo decente.
La flexibilidad constituye una necesidad en los sistemas de producción modernos, que no puede ser ignorada sencillamente, pero cuyo empleo debe ser regulado de manera que sea compatible con el trabajo decente.
La regulación de la flexibilidad tiene diferentes implicaciones en diversas áreas de regulación .Innovative es más necesario para las formas no estándar de trabajo y en la zona gris entre el trabajo dependiente y auto empleo / empresarios individuales .La mayoría de estos trabajadores, cuyo número ha ido en aumento en países desarrollados y en desarrollo países, son formalmente independientes pero económicamente dependientes .Quite unos legislaciones nacionales (España, Alemania, Italia) se han aprobado para extender algunas normas de protección y fomento de estos trabajadores.
El cumplimiento de este objetivo requiere evitar una excesiva presión en la estabilidad de la vida laboral. Resulta igualmente importante completar las distintas formas de empleo flexible para enriquecer el contenido y el valor del trabajo.
Un ejemplo significativo a este respecto se puede encontrar en algunas legislaciones recientes que han comprometido a los empleadores a brindar formación específica a los empleados implicados en la movilidad horizontal y vertical para que puedan realizar los nuevos trabajos asignados. Un uso virtuoso de la «movilidad funcional» respaldada por formación específica es un elemento esencial para evitar la obsolescencia profesional de los empleados que deben hacer frente a los cambios organizativos y tecnológicos.
Dicha práctica es también importante para reducir el riesgo de que los empleados, cuyas posiciones se han modificado o suprimido, se vean afectados por los despidos por razones económicas. Numerosos ejemplos de empresas socialmente responsables confirman que semejante aplicación de la movilidad puede contribuir a que el despido constituya una medida extrema. Por otro lado, el hecho de emplear a una mano de obra móvil y con múltiples competencias incrementa la capacidad de las empresas de enfrentar los golpes asestados por los mercados empleando a sus trabajadores fijos en vez de recurrir a contratos temporales y de duración determinada.
Corresponde a la legislación establecer los principios básicos relativos a la movilidad. Dichos principios pueden por un lado reconocer la posibilidad de asignar trabajadores a distintas tareas fuera de los límites de las categorías tradicionales, que a menudo se han convertido en anacrónicas. Por otro lado, la legislación debería exigir que los empleadores proporcionen formación adecuada a sus empleados.
La actual aplicación de estos principios y la gestión de la movilidad deben considerarse mejor en el marco de la práctica de las relaciones laborales en el lugar de trabajo a través de la consulta y el acuerdo entre los representantes de los empleadores y de los trabajadores. Dichos principios podrían ser utilizados también para promover un uso virtuoso de la flexibilidad del tiempo de trabajo.
La protección de los empleados contra los despidos injustos ha sido un fundamento básico del derecho del trabajo. Algunos países han introducido una legislación dirigida no a contradecir el principio, sino a reducir las sanciones por su violación. Para no anular la protección jurídica, la reducción de las sanciones no debería privarlas de su eficacia disuasiva, un principio respaldado por las sentencias de la Corte Europea de Justicia.
Es necesaria una adaptación profunda del derecho del trabajo para poder hacer frente a los despidos por razones económicas, de la misma manera que son necesarias las sanciones contra los abusos. Sin embargo, resulta más urgente proporcionar instrumentos jurídicos y económicos para evitar dichos despidos y proteger a los empleadores de la pérdida de puestos de trabajo.
Algunos países han introducido políticas innovadoras en dos direcciones. En primer lugar, los empleadores se vieron obligados a introducir en sus planes de negocios las tendencias de empleo previstas, incluido el impacto de eventuales recesiones. Dichos planes deben también incluir oportunamente las medidas necesarias para reducir dicho impacto: programas de formación y readaptación para los empleados con mayor riesgo de desempleo, movilidad y reorganización del trabajo finalizado a adaptar el uso de la fuerza laboral a las nuevas necesidades empresariales. Además, la ley ha proporcionado a menudo formas de suspensión temporal del trabajo y de breve período debidamente subvencionadas para permitir ajustes empresariales. Cuando no es posible evitar despidos, las leyes y los convenios colectivos proporcionan generalmente procedimientos para regular el orden y las consecuencias de estos despidos, con miras a garantizar una selección equitativa de los trabajadores sujetos a despido y las posibles soluciones. Las buenas prácticas nacionales muestran que el apoyo debería incluir no solo la garantía de un ingreso, sino asistencia personalizada en la búsqueda de oportunidades de trabajo, incluida la posibilidad de enriquecer y actualizar sus competencias según sus capacidades personales y tendencias del mercado del trabajo.
5. Apoyo al empleo en los mercados de transición
El impacto de la crisis económica, así como los cambios reiterados del mercado de trabajo y empresarial, han incrementado la presión en los sistemas nacionales de protección y de seguridad del empleo. La indemnización y la asistencia pecuniarias se han convertido a menudo en una carga insostenible para el presupuesto público. En todo caso, no bastan para sostener a los trabajadores en los períodos de transición que se están convirtiendo en una característica normal de los mercados de trabajo modernos. Por este motivo, deberían destinarse mayores recursos y esfuerzos organizativos a las políticas laborales activas, en particular a la recapacitación y reubicación de los trabajadores desplazados.
La capacidad de aplicar políticas eficaces de este tipo es el principal campo de pruebas para el derecho del trabajo y el bienestar social. El éxito de estas políticas es necesario para equilibrar la flexibilidad requerida por los trabajadores y justificar la tan proclamada idea de «flexiguridad».
Los resultados alcanzados hasta la fecha son dispares, incluso en aquellos países europeos que han invertido considerablemente en la flexiguridad. Resulta difícil mantener este equilibrio, dado que no se trata sencillamente de una cuestión de recursos y de organización eficiente de los servicios para el empleo.
Algunos estudios de evaluación comparativa, indican que el impacto de las políticas activas del mercado de trabajo está vinculada con el tipo de programa en lugar de a lo general y económica. Las condiciones institucionales .En particular, los programas de incentivos del sector privado y los servicios de empleo personales con la condicionalidad, muestran un rendimiento significativamente mejor que los programas tradicionales de formación, mientras que los programas de empleo directo en el sector público rara vez son eficaces. Los jóvenes parecen ser particularmente duro para ayudar.
Un valor esencial de las políticas laborales y de buenos servicios de empleo, incluso al margen de contribución específica al empleo, consiste en su capacidad de activar e involucrar a las personas en busca de oportunidades de trabajo; que es una razón básica por la inversión en estas políticas deberían tener prioridad con respecto a la subvención de no trabajo.
Se requiere un amplio consentimiento sobre la necesidad y las distintas maneras de promover buenas oportunidades de empleo a los trabajadores y de una nueva gobernanza del mercado de trabajo basada en la participación activa de las instituciones públicas y de las partes sociales. Tal enfoque tripartito ha sido experimentado en algunos países con cierto éxito en el pasado. Ahora necesita enriquecerse con servicios más personalizados y a través de una mayor inversión social a fin de satisfacer las necesidades de una fuerza laboral diversificada y promover su presencia activa en los «mercados de transición» de las economías modernas. Los servicios para el empleo y el bienestar deberían realizar un seguimiento de los trabajadores en vez de quedar atrapados a puestos de trabajo e industrias específicos.
Dicha exigente tarea requiere, mucho más que en el pasado, un compromiso perdurable de los poderes públicos y el pleno reconocimiento del papel de los sindicatos en la gobernanza del mercado del trabajo: ambas condiciones que distan de cumplirse en varios países.
6. Innovaciones en las políticas de bienestar: costos e inversiones
Es igualmente necesario redefinir el alcance de la legislación del empleo y de las políticas de bienestar. Las instituciones de seguridad social han desempeñado un papel primordial en la protección de los trabajadores frente a los riesgos de la vida económica, por tanto, han contribuido no solo a la cohesión social, sino también a la promoción de la igualdad entre los distintos grupos de la población y la inserción de los trabajadores en los mercados de trabajo formal. Por consiguiente, han favorecido el bienestar social y el crecimiento económico.
Las dimensiones históricas de la seguridad social adoptada principalmente en los países europeos se ven actualmente amenazadas por varios factores adversos: restricciones financieras, transformaciones demográficas como el envejecimiento de la población, la presión de las migraciones mundiales, y en otro nivel, la disminución de las instituciones de solidaridad y ética.
Sistemas de bienestar maduros han reaccionado de manera diferente a estas limitaciones, la adaptación de sus instituciones fue sobre el cambio de los objetivos y la distribución de las medidas de bienestar en lugar de simplemente reducir los costos. En las otras medidas de bienestar capaces de proteger y tranquilizar a los individuos y las comunidades frente a estas transformaciones son en su mayoría en necesidad.
Las instituciones públicas serán llamadas para compensar la falta de protección previsto por la ley laboral tradicional, sobre todo a los empleados hasta hora excluidos, los trabajadores informales y migrantes. Esto plantea una cuestión crítica; es decir, cómo y en qué medida la concesión de protección social a los grupos de trabajadores que no pueden apoyar el sistema con sus contribuciones (como se requiere en la seguridad social tradicional procedimiento en este sentido implicaría un cambio de la financiación de la contribución social para los impuestos generales) y de hecho un cambio en el objetivo del bienestar de la protección contra riesgos específicos en su mayoría relacionados con el empleo de respuesta a las necesidades básicas. Al mismo tiempo, una tarea más solicitada a nuestra disciplina es reforzar la protección legal de las medidas de promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social. La igualdad de oportunidades y la inclusión social son componentes esenciales del desarrollo humano.
En esta perspectiva la transformación del derecho del trabajo tendrá que ir de la mano con la búsqueda de nuevas medidas de bienestar en forma de costes no como pasivos sino como inversiones sociales en las cualidades personales de su beneficiario útiles para maximizar sus capacidades. Este enfoque ha sido ampliamente estudiado por los expertos y en cierta medida aprobada por la Unión Europea. Pero tiene que encontrar las maneras de explotar las potencialidades de los individuos y de los grupos para apoyar las trayectorias personales en los distintos ciclos de vida y también para dar forma a una nueva mezcla de bienestar basado en la iniciativa privada colectiva capaz de movilizar recursos adicionales a los proporcionados por contribuciones públicas. La forma de proceder en estas direcciones es un tema abierto de debate entre los responsables de las políticas de cabina de países desarrollados y emergentes. Otra cuestión fundamental es cómo activar los beneficiarios de las medidas de bienestar con iniciativas personales útiles para su empleo o reempleo.
Historicamente, estas últimas necesidades no reproduzcan las soluciones adoptadas por los países industrializados. Posiblemente la experiencia de los sistemas maduros debe enseñar cómo evitar el aumento de los costes y de la burocracia que se han cargado los estados de bienestar tradicionales. Algunas de las iniciativas de los países emergentes indican la importancia del apoyo del grupo y de las microfinanzas para promover y difundir nuevos experimentos de bienestar de la comunidad. Mutualismo asistido por el apoyo del público y mejoras incrementales probablemente será una manera de construir las instituciones de seguridad social en estos países (M. Asher, 2015), más apropiado que la legislación de arriba hacia abajo. Las intervenciones públicas pueden concentrar los recursos disponibles para proporcionar niveles mínimos de protección y de bienestar para los ciudadanos, dirigida en primer lugar a contrastar los casos más seriuos de la pobreza y la privación.
7. Regímenes basados en el seguro y apoyo financiero
La posibilidad de establecer regímenes de jubilación como aquellos adoptados en algunos países desarrollados basados en las contribuciones de las partes sociales (los trabajadores y los empleadores) en los sectores sindicalizados, deberá ser sujeta a examen en base a la evolución económica de los distintos contextos y de las opciones económicas abiertas a las partes. Incluso en los países de la OCDE, este tipo de bienestar sectorial basado en los regímenes de seguro se está debilitando a causa del cambio de las condiciones del mercado y políticas: mayor desempleo, escaso crecimiento, y disminución de los ingresos de la población activa. Estas nuevas condiciones sugieren una nueva orientación de la política en varios países desarrollados, a saber, la necesidad de combinar los regímenes de seguro existentes con prestaciones de bienestar financiadas por el presupuesto fiscal general con miras a proporcionar ingresos y servicios a los trabajadores y a los ciudadanos necesitados.
Cabe destacar que algunos de estos países están introduciendo diferentes medidas en esta dirección: fondos de ajuste especiales para apoyar a los trabajadores afectados por los despidos masivos y / o desplazados por la competencia extranjera varias formas de ingresos básicos, generalmente condicionados por medios de prueba, destinados a ciudadanos de bajos recursos o trabajadores poco remunerados, que constituyen actualmente los «perdedores» de la competencia mundial.
Como mencionado anteriormente, la globalización está afectando a los principales aspectos de nuestra vida económica y del mundo del trabajo. Uno de los impactos más dramáticos ha sido el incremento de las desigualdades entre las naciones, las comunidades y entre las personas. Todas las políticas económicas y sociales tradicionales del mundo tienen ante sí el desafío de reaccionar. Tan es así que estas desigualdades representan el principal obstáculo no solo al crecimiento y al desarrollo, sino a la estabilidad política, tal como lo demuestra la presión ejercida por las reacciones populares a los gobiernos nacionales. Los actuales sistemas de bienestar, incluidos los europeos, que son considerados «universales» no han sido capaces de remediar los nuevos tipos de pobreza ni de reducir el riesgo de empobrecimiento que está observando un aumento entre la otrora clase media segura.
Las investigaciones recientes indican algunos ámbitos clave susceptibles de reforma, pero pocas respuestas ¿Cómo cambiar la financiación y la selección de las prestaciones de bienestar para lograr que puedan enfrentar el riesgo de la pobreza y la marginación? ¿Cómo enfocarse en los grupos de mayor riesgo y redistribuir los recursos y por consiguiente, los servicios? ¿Sería posible, y hasta qué punto diferenciar las contribuciones de los distintos grupos de trabajadores a la seguridad social? ¿Cuán importante puede llegar a ser el papel y la participación de las organizaciones privadas en conformar y administrar ciertos ámbitos del bienestar?
Las jóvenes generaciones son las más afectadas por el desempleo. Por ello, resulta urgente proceder con la reorientación de las políticas laborales, la formación y la protección del bienestar para poder ofrecerles igualdad de oportunidades.
La evolución de la demografía, a través del rápido envejecimiento de la población, ejerce una presión sin precedentes incluso a los sistemas de atención médica y asistencia personal más arraigados y es muy poco probable que los regímenes de seguro social tradicionales enfrenten la mayor parte de estos riesgos. Resulta necesaria una combinación de distintas políticas con prestaciones de seguro y medidas de bienestar financiadas por el presupuesto nacional para proveer apoyo económico y servicios básicos a todos los ciudadanos.
8. Educación y acumulación del capital humano
La protección y la redistribución equitativa de los ingresos sigue siendo la condición esencial del bienestar actual. Tanto el derecho del trabajo como los sistemas de bienestar deben desarrollar nuevas funciones si desean ser no solo compatibles, sino también propicios al crecimiento y al desarrollo humano. La contribución de nuestra disciplina a tal fin depende de la capacidad de individuar y sostener las estrategias generales mencionadas anteriormente capaces de promover el desarrollo humano.
Las medidas que atañen específicamente a nuestra disciplina son en primer lugar aquellas capaces de promover el capital humano y social de los trabajadores y ciudadanos. En la actual «sociedad del conocimiento», la acumulación del capital humano se basa en el aprendizaje continuo. El aprendizaje y la formación son elementos indispensables para permitir que los trabajadores puedan desarrollar plenamente sus capacidades, contribuir al desarrollo común y lograr el acceso a los beneficios del crecimiento. La redistribución en sí se ve ampliamente influenciada por la educación y las competencias de los trabajadores. Aquellos trabajadores que están altamente cualificados cuentan con el beneficio de las nuevas tecnologías, mientras que los más pobres son considerados perdedores.
La educación y las competencias profesionales necesarias para estar en línea con las necesidades de la sociedad actual, son ampliamente superiores a aquellas que eran suficientes en la época industrial pasada. Se requieren nuevos servicios de empleo y formación para poder satisfacer las necesidades de una fuerza laboral cada vez más variable, a menudo bastante distante de los usuarios tradicionales: el número creciente de mujeres y personas ancianas, la multitud de inmigrantes y los trabajadores de sólida formación, que pueden ser parcialmente autónomos pero siempre requieren de ayuda. Además, la prestación de estos servicios no es ocasional como en el pasado, pero puede ser recurrente en la vida de las personas debido a la volatilidad de los mercados y también a las necesidades fluctuantes personales y familiares.
Las inversiones públicas y privadas en la educación y la formación deberán también crecer paralelamente a las inversiones igualmente determinantes en la investigación y la innovación productiva. Por ese motivo, la educación y la formación deberían convertirse en el verdadero fundamento del bienestar activo y al mismo tiempo, una parte esencial de la política pública de crecimiento. Al parecer, varios países emergentes han adoptado dicha estrategia en forma más clara que otros países desarrollados.
9. Cohesión social y acciones colectivas
Las capacidades individuales son esenciales para el desarrollo humano, pero no sirven cuando existe un vacío social. La cohesión social, que es necesaria para la acumulación del capital social, es igualmente importante. De hecho, se trata también de una condición para promover las capacidades y oportunidades de las personas. El bienestar del siglo XX, fruto de un amplio compromiso social y político, ha sido decisivo para sostener la cohesión social en varios países desarrollados. Las transformaciones de los últimos años han alterado la verdadera base de este compromiso, dado que han cambiado el equilibrio de poderes entre los actores sociales en detrimento del trabajo organizado. Desde una perspectiva más detallada, la individualización de la vida laboral y de las identidades está favoreciendo la disminución de las experiencias colectivas. Creo firmemente que la cohesión social es un bien común que conduce no solo al bienestar de la gente, sino también al desarrollo sostenible. Los formuladores de políticas tienen la responsabilidad primordial de crear las condiciones para que nuestra sociedad se mantenga unida incluso en el actual entorno turbulento.
Los actores colectivos- los sindicatos y los empleadores - que han sostenido el compromiso social del pasado- son responsables de adaptar sus estrategias para poder reafirmar su papel a tal fin. La revitalización de las medidas colectivas y de las organizaciones sindicales representa un objetivo difícil de cumplir e incierto, pero estoy seguro de que este sigue siendo el principal objetivo social y político a perseguir en pro de la justicia social. Los resultados de las investigaciones confirman que el apoyo legislativo a la representación colectiva de los empleados y el crecimiento de las acciones colectivas están relacionados con una negociación colectiva más igualitaria y con una creciente participación laboral en el ingreso nacional (S. Deakin, 2016). Una vez más, no existe un modelo listo y único a seguir. Sugiero dos principales orientaciones de la política que se han desarrollado en las investigaciones precedentes.
Primera orientación: las iniciativas innovadoras en las relaciones laborales pueden requerir no solo cambios en los contenidos y en la estructura de la negociación colectiva, sino la búsqueda de tipos de acciones colectivas basadas en las nuevas motivaciones de la fuerza laboral variable actual. Esto puede requerir un enfoque multidimensional - bilateral y trilateral - a la regulación de las relaciones individuales y colectivas de los distintos grupos, implicando en la medida de lo posible a las condiciones de trabajo y a otros aspectos de la vida laboral.
Segunda orientación: pienso que los factores negativos que están debilitando las acciones colectivas en los países desarrollados o en desarrollo pueden oponerse únicamente por intervención simultánea de las instituciones públicas y de los actores sociales. El pleno reconocimiento por parte de los legisladores nacionales de los derechos individuales y colectivos, a saber, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y la huelga, siguen siendo condiciones esenciales para legitimar y promover las medidas colectivas en las sociedades democráticas.
La experiencia de algunos países demuestra que la eficacia y la calidad de las medidas colectivas pueden ser facilitadas a través de la participación de los trabajadores en las empresas y en las instituciones públicas nacionales y locales, que mantienen un rol activo en los servicios de empleo y bienestar. Los países que han ampliamente adoptado este tipo de participación, han contribuido a mejorar las relaciones laborales y a incrementar el bienestar de los empleados y la productividad del sistema. De hecho, la participación y el empoderamiento de los trabajadores en las áreas pertinentes de sus vidas constituyen elementos importantes de desarrollo humano.
10. El papel de los estados en un mundo globalizado
Los principales ámbitos de las innovaciones en materia de política mencionadas en este documento incluyen la responsabilidad de los legisladores nacionales y de las partes sociales. Desde luego, en un mundo globalizado estos actores deben hacer frente a restricciones sin precedentes no solo desde el punto de vista financiero, sino frente a la creciente competencia productiva y reguladora entre las naciones.
A pesar de ello, los actores y los estados nacionales desempeñan un papel importante en la elaboración de políticas laborales. Así lo confirma la continua diversidad en las distintas normativas que reflejan las condiciones específicas de cada país. Algunos legisladores y gobiernos nacionales han recientemente reafirmado su autoridad ante estas cuestiones, respondiendo a la creciente presión del electorado que está resistiendo a las restrictivas directivas supranacionales.
Las razones que motivan estas reacciones nacionales son diferentes y no siempre tienen una orientación social. Pero incluso los expertos internacionales que no están sesgados en contra de la globalización reconocen que los mercados mundiales deberían ser sujetos a ciertas limitaciones y supervisión, considerando el fundamental interés nacional. Dicha supervisión sería útil para contrarrestar las presiones mundiales y permitir una globalización más «inteligente» (D. Rodrik, 2010). En varias negociaciones y acuerdos de comercio internacional los negociadores nacionales han requerido el respeto de las normas básicas, principalmente en las cuestiones laborales y de medioambiente, que consideran de vital importancia para la economía, la calidad de la vida e incluso para la identidad cultural de sus países.
El reciente Acuerdo Transpacífico de libre Comercio (TPP) y las actuales negociaciones destinadas a la firma de este acuerdo son ejemplos significativos.
El Parlamento Europeo ha impuesto severas condiciones de cumplimiento a los negociadores del Acuerdo TTP, en particular a cuestiones de carácter laboral y medioambiental. Ha establecido que no se podrá negociar la protección de las normas europeas y nacional en materia de trabajo, y ha solicitado «una evaluación de los efectos de la sostenibilidad» (SIA) del impacto social y medioambiental del tratado.
Los negociadores nacionales del TPP han incluido en el acuerdo una cláusula social más firme que la de los precedentes tratados, comprometiendo a las partes a «adoptar y mantener los derechos sociales básicos en las regulaciones y prácticas», y garantizar «condiciones de trabajo aceptables en relación con el salario mínimo, las horas de trabajo, la seguridad y la salud en el trabajo» (aceptable, como fuere determinado por cada parte firmante nacional).
Las diferencias de los regímenes nacionales en las principales cuestiones del derecho del trabajo, incluida la protección del empleo y las relaciones laborales, confirman que la convergencia entre los distintos sistemas legales concebida por algunos estudiosos sigue enfrentando varios obstáculos.
Algunos países son reticentes a reconocer los derechos colectivos fundamentales, en particular el derecho a huelga, tal como lo requieren los convenios de la OIT. Es posible detectar signos de regresión en este ámbito en algunos países africanos tal como se comentó durante el Congreso de Ciudad del Cabo, pero también en algunos países de Europa oriental, cuyas políticas difícilmente respetan los principios de una Europa social.
Por otro lado, las naciones asiáticas emergentes, incluida la India y China, han introducido reformas a su legislación laboral ampliamente debatidas.
La legislación laboral en América latina tiene una larga historia, influenciada en particular por ejemplos europeos y norteamericanos. Ella ha experimentado cambios constantes que a menudo guardan relación con la evolución de las instituciones políticas democráticas. En los últimos años varios países han introducido importantes reformas a le legislación laboral individual y colectiva que han favorecido el incremento de la tasa de cobertura.
La importancia constante de la actuación estatal se ve confirmada por el hecho de que la proyección internacional necesaria de las políticas laborales y el fortalecimiento de la organización del trabajo (OIT) en primer lugar, no pueden llevarse a cabo sin el respaldo de los gobiernos nacionales, comenzando por aquellos con mayor influencia en la escena política.
11. Los instrumentos de la normativa laboral transnacional: tratados comerciales y de inversión
El desarrollo de normativas transnacionales, a pesar de varios tentativos, sigue hallándose en una fase inicial. La reciente experiencia de la Unión Europea, una zona relativamente homogénea, demuestra la dificultad de armonizar incluso las características básicas de las legislaciones nacionales, en particular en lo que respecta a las cuestiones sociales más delicadas. El denominado «modelo europeo» se ve afectado por la presión ejercida por las medidas de austeridad restrictivas impuestas por las autoridades, que de hecho no están en línea con el compromiso oficial de promover la estabilidad y el crecimiento. Incluso las medidas propugnadas por las principales organizaciones internacionales (OIT, OCDE, Banco Mundial) y por las continuas cumbres de los gobiernos destinadas a promover el desarrollo sostenible se aplicaron parcialmente, si no se ignoraron por completo.
La posibilidad de transitar la vía de la normativa laboral transnacional y las políticas sociales depende de muchas situaciones y de un sinfín de decisiones públicas y privadas. En ella intervienen múltiples actores y se pueden combinar distintos instrumentos según las cuestiones específicas y los ámbitos en cuestión.
Los tratados comerciales y de inversión de diferentes formas constituyen un importante vector de transnacionalismo, y las cláusulas sociales que se incluyen regularmente en estos tratados han contribuido a promover en el mercado internacional los principios sociales básicos reconocidos por los principales convenios de la OIT. Algunos acuerdos recientes han fortalecido el lenguaje de estas cláusulas sociales y el compromiso de los estados firmantes.
Sin embargo, los procedimientos para el fortalecimiento de estos compromisos son generalmente débiles e incluso la aplicación de los derechos fundamentales ha mostrado ser dispar. Por otro lado, no se han realizado muchos intentos para añadir en los tratados cláusulas promocionales que pudieran comprometer a las partes a mejorar sus políticas sociales conforme las buenas prácticas nacionales e internacionales. Se han propuesto varias estrategias para incrementar la eficacia de las cláusulas sociales: promover y extender la ratificación de los principales convenios de la OIT, brindar acceso directo a las organizaciones sociales, a los sindicatos y a los trabajadores para debatir acerca de los procedimientos de establecimiento, introducir un mayor número de instrumentos eficaces de aprobación y sanción, promover formas de debate innovadoras en las cortes nacionales y en los órganos internacionales.
12. Empresas multinacionales y acuerdos empresariales
Las empresas multinacionales se han convertido en un vector clave del desarrollo mundial, así como en actores fundamentales en la promoción de la normativa laboral transnacional. Ellas ya emplean distintas herramientas para ejercer su papel supranacional, contribuyendo por tanto a la innovación de técnicas jurídicas: iniciativas unilaterales y ad hoc, programas estables en los ámbitos económicos y sociales, directrices de responsabilidad social empresarial con distintos contenidos e impacto, acuerdos colectivos con organizaciones representativas de sus empleados (comités de empresa, sindicatos nacionales e internacionales).
Las empresas transnacionales -amplios acuerdos- pueden constituir un importante medio normativo a través de las fronteras en varias cuestiones de carácter laboral y social. Estos tipos de acuerdos pueden tener repercusiones en las condiciones de empleo de manera más directa que los acuerdos transnacionales concertados entre las organizaciones de trabajadores y de empleadores nacionales o territoriales en sectores productivos específicos. Conforme a los actuales regímenes jurídicos, estos acuerdos no tienen efectos jurídicos vinculantes en las empresas individuales y en los empleados. Los acuerdos de las empresas transnacionales, como los acuerdos de las empresas nacionales, tienen una «ventaja comparativa» a tal respecto, dado que su impacto regulatorio en las condiciones de trabajo depende del poder que ejerce el empleador para determinar dichas condiciones y que puede ejercer a su discreción o conforme a los términos del acuerdo que ha firmado con los representantes legítimos de sus empleados.
Los acuerdos firmados por las empresas transnacionales con los comités de empresa europeos (EEE) han aportado distintas pruebas sobre su impacto y contenido, pero han probado ser un medio eficaz de regulación transnacional en varias cuestiones en materia de empleo y bienestar. En algunos casos, los acuerdos han promovido buenas prácticas innovadoras de organización del trabajo y de participación de los trabajadores. A menudo han logrado regular materias espinosas a nivel sectorial o territorial, a pesar del apoyo brindado por la Unión Europea a la negociación colectiva y al diálogo social.
Este es el caso de las cuestiones que atañen a la reestructuración y reorganización de empresas o de grupos de empresas, la redundancias y en general los varios procesos de externalización del trabajo, la subcontratación y la organización de las cadenas de valor.
13. Normativas regionales y fondos regionales
Se introdujeron distintas formas de proyección de derecho del trabajo y políticas sociales más directas en algunas zonas regionales, en Europa, las Américas, y más recientemente en Asia.
La Unión Europea ha seguido el camino de la creación de una esfera social común a través de varias técnicas jurídicas. El modelo social resultante posee algunas características inspiradas en los objetivos de crecimiento sostenible y desarrollo humano. El cumplimiento de este modelo ha dado resultados positivos en varios países, pero también a contratiempos: escaso reconocimiento y legitimación de las iniciativas europeas de estas materias, en particular frente al compromiso de la integración financiera, las presiones crecientes de las fuerzas centrífugas y tipos de nacionalismo resurgente.
Los instrumentos de la legislación rígida como las directivas, han dado lugar a la introducción del Método de Coordinación Abierta (MAC) y a directrices poco rígidas, que comparten el valor y las limitaciones de otras formas de legislación flexible.
A pesar de los obstáculos enfrentados hasta la fecha, las regiones continentales poseen una dimensión manejable y constituyen un posible paso intermedio en el camino hacia la formulación de una política mundial.
Es importante destacar que algunas instituciones regionales han respaldado formas directas de acciones transnacionales destinadas a promover las políticas sociales innovadoras y a sostener objetivos comunes de desarrollo. La Unión Europea es un ejemplo de ello. Sus autoridades han establecido una serie de fondos a ser utilizados por los estados miembros y por los actores sociales para objetivos de carácter social y económico en común. El Fondo social para la educación, la formación y la promoción del empleo es uno de los fondos más importantes; el fondo para el desarrollo regional, más recientemente, el fondo «de adaptación a la globalización», que constituye la primera medida transnacional para contrarrestar los efectos negativos de la globalización en las empresas nacionales y en sus empleados.
El presidente de la Unión Europea ha recientemente anunciado un importante programa de inversión financiado directamente por los recursos de la Unión, con el objetivo de mejorar el escaso rendimiento de las economías europeas.
Finalmente, se avanzaron propuestas para establecer un sistema común de prestación al desempleo para los trabajadores europeos financiado por los fondos europeos. Dicho fondo representaría un signo importante de solidaridad transfronteriza y funcionaría como un estabilizador económico automático para los continuos períodos de crisis.
Dichos fondos podrían ser experimentados en otras áreas regionales a través de acuerdos bilaterales o multilaterales con el objetivo de extender formas seleccionadas de bienestar a través de las fronteras, y respaldar los sistemas de bienestar nacional. Los sistemas de bienestar requieren de solidaridad transnacional, en particular cuando se encuentran en la fase inicial de desarrollo y en los ámbitos en los que son particularmente susceptibles de sufrir las consecuencias de la crisis económica y el subdesarrollo: la lucha contra la pobreza, la garantía de los niveles mínimos de ingreso, la promoción del empleo juvenil, los programas especiales para sostener la formación básica y profesional.
En ausencia de intervenciones de formas de gobierno supranacionales que no están a la vista, la internacionalización del derecho del trabajo y de las políticas sociales seguirán adelante a través de la extensión y la mejora de distintos instrumentos mencionados aquí (cláusulas sociales, acuerdos de empresas transnacionales, códigos de conducta, directrices regionales e intervenciones directas), y no normativas mundiales predefinidas, sino un sinfín de normas creadas progresivamente por distintos actores nacionales e internacionales.
14. Algunas prioridades en materia de política
El presente análisis, no obstante sea parcial, facilita pruebas suficientes de los retos que están planteando a nuestra disciplina las grandes transformaciones de los tiempos actuales. Como hemos indicado recientemente en Ciudad del Cabo, la investigación común es necesaria para profundizar nuestra comprensión del futuro del trabajo y contribuir a una nueva formulación de políticas en materia de empleo y seguridad social.
Algunos instrumentos jurídicos y sociales adoptados por las prácticas nacionales han resultado ser particularmente útiles.
Nuestra disciplina desempeña un papel primordial en la promoción del bienestar de los trabajadores y del desarrollo sostenible, a condición de que no se limite únicamente a reaccionar a la presión económica externa y a defender sus tradiciones gloriosas, sino que se atreva a emplear las herramientas específicas de la legislación y la acción colectiva de manera innovadora.
Nuestras discusiones en común han aportado indicaciones significativas, aunque vacilantes, sobre la manera en que el derecho del trabajo y las relaciones laborales pueden contribuir al cumplimiento de este objetivo.
Una vez más, es necesario hacer hincapié en algunas prioridades políticas; la protección de los trabajadores frente a los viejos y nuevos riesgos sociales, la promoción del trabajo decente y la calidad del trabajo, que representan la base del desarrollo sostenible; la divulgación de las inversiones en la educación y en la aptitudes personales, elementos esenciales para propiciar la igualdad de oportunidades, el uso activo de las instituciones de bienestar públicas y privadas a fin de incrementar las oportunidades personales y luchar contra la desigualdad y la pobreza; la promoción de la voz colectiva y la participación de los empleados en el lugar de trabajo y la escena pública; la aceptación de la flexibilidad del lugar de trabajo y la productividad combinada con medidas para garantizar la seguridad en los mercados de trabajo; el apoyo al uso favorable de las innovaciones en materia tecnológica y organizativa en el ámbito laboral.
En virtud de las razones indicadas anteriormente, los estados nacionales y los actores sociales tienen la mayor responsabilidad de la aplicación de estas políticas, pero su responsabilidad comprende un mayor compromiso en la promoción de la dimensión social y del carácter democrático de la globalización.
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